Respuesta: En este caso, el ciudadano español estaría sujeto a las leyes y el sistema de justicia de ese país, y España no estaría obligada a intervenir.
En el ámbito de la justicia internacional, los tratados de extradición juegan un papel basic en la lucha contra la impunidad de delitos cometidos en diferentes países.
Los directores del grupo Alpha señalan que estos casos fueron en su mayoría contra líderes de organizaciones criminales y no contra migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente.
Aunque la falta de acuerdo de extradición puede suponer un obstáculo para la justicia, existen soluciones y mecanismos que pueden facilitar la cooperación entre países.
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Estos señalamientos lo llevaron a un fuerte roce diplomático con Chile, uno de los países que más ha exigido cooperación activa de Venezuela para poner a raya a los criminales.
En la actualidad, hay 121 países con los que España no tiene tratado de extradición vigente y en los que, por lo tanto, no hay garantías de entrega de fugitivos salvo que se llegue a un acuerdo entre los respectivos gobiernos.
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- Los pagos se realizan únicamente mediante transferencia bancaria y recibirá una factura periódica.
Es importante destacar que este proceso también está sujeto a la voluntad política del país y puede variar dependiendo de las relaciones bilaterales y la confianza mutua entre los países involucrados.
La Audiencia Nacional española asumió la investigación sobre el ataque contra Vidal-Quadras tras la sospecha de vínculos con Irán, lo que llevó también a la emisión de hasta tres órdenes internacionales de detención sobre tres de los seis detenidos: Ayari y Chahinez K, en Países Bajos, y un venezolano detenido en Colombia e implicado en la compra de la motocicleta empleada en el atentado.
Conforme al principio de doble incriminación, los hechos por los que se reclame la extradición deben ser constitutivos de delito tanto en la legislación penal del Estado requirente como de acuerdo a las normas penales españolas.
Además, es importante impulsar la adhesión de los países a los instrumentos internacionales que facilitan la cooperación en asuntos penales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.